A pesar de la petición que hizo hace un mes la Procuraduría delegada para lo ambiental al ministerio, donde calificaba de "ilegales" los trabajos realizados para la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, el pasado 15 de mayo el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le otorgó a la multinacional española Emgesa, la licencia ambiental para la construcción de dicho megaproyecto, el cual tiene un costo de al menos 700 millones de dólares y abarcará más de 7 mil hectáreas en el departamento del Huila que serán inundadas para dicho fin.
Dentro de las condiciones impuestas a la multinacional se contempla la obligación que ésta debe adquirir con las 360 familias que serán afectadas, junto con la responsabilidad de destinar el 1% de sus ganancias (9.400 millones de pesos), para la conservación de cuencas hídricas y la reforestación de más de 20 mil hectáreas con especies nativas de bosque seco y muy seco; también, dentro de las exigencias que el Ministerio le hace a la empresa dueña del proyecto, está la de establecer un programa para el manejo y protección del recurso pesquero.
El presidente de la república, desde en el Centro de Convenciones de Neiva, donde precisamente clausuraba el evento ‘Colombia Crece 2009', con presencia de industriales y comerciantes, defendió y respaldó la decisión del ministro Carlos Costa Posada en la adjudicación de la licencia, asegurando que "Nuestra línea es construir confianza en Colombia sobre los tres pilares en que insistimos: seguridad con valores democráticos; cohesión social; y estímulo a la inversión, y ahí quiero ubicar el tema de El Quimbo, porque hace parte de un programa estructurado de Gobierno" (Dr. Álvaro Uribe Vélez)Luego de estos anuncios, y en respuesta a la decisión estatal voceros de algunos municipios del departamento huilense, junto con la plataforma sur de organizaciones, apelaron a organismos internacionales para frenar la construcción del megaproyecto mediante una carta dirigida a la ONU y a Human Rights Watch.
De acuerdo con el Ministerio Público, no se tomaron las previsiones necesarias para proteger la zona de reserva donde nacen varios ríos de la cuenca amazónica, y la Procuraduría General de la Nación, a la vez, aseguró que el proyecto inundará "las mejores tierras con actitud agrícola en la región del Huila (...) además el 95% del área del proyecto está dentro del área legal de reserva forestal de la Amazonía, fijada por la Ley 2 de 1959".
La Plataforma Sur de organizaciones ratificó también su posición de "proponer que la región de El Quimbo sea beneficiada por proyectos de desarrollo humano integral y ambiental sostenible, para lo cual es necesario no construir ninguna represa más sobre el Río Magdalena".
Muchos sectores y representantes se han manifestado en contra de esta decisión, entre los cuales está el director de la Corporación del Alto Magdalena (CAM), señor Ariel Borbón el cual aseguroó que "el estudio de Emgesa no compensa justamente ni al departamento ni a las comunidades. La información no valora dichos impactos ambientales, no hay una valoración efectiva sobre el impacto que se causa y por tal razón las obras de mitigación que se causan son muy pocas comparadas con el daño que se va a generar".
"...Aunque siembren miles de sus maravillosos pinos y eucaliptos es prácticamente imposible restaurar las funciones de los ecosistemas únicos que existen en el país, imposible trasladar o revivir las especies endémicas de las regiones naturales que se pierden con cada nueva inundación o cada nuevo megaproyecto minero... todo el oro, petróleo, carbón o esmeraldas del mundo no pueden reemplazar una sola de estas especies que a diario perdemos..." (Artículo, plataformasur.blogia.com)
El Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 208 al referirse a la construcción de represas y embalses establece que "la licencia se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio de las actividades no atenta contra la conservación de los recursos naturales renovables".
"Los graves impactos económicos, sociales, ambientales y culturales que se generarían con la construcción del megaproyecto denunciados por las comunidades locales, organizaciones sociales y ambientales, académicos, pequeños productores, comerciantes, durante la audiencia pública el 12 de febrero; el no otorgamiento de la licencia ambiental solicitado por la Procuraduría general a Minambiente; la demanda tardía del contralor del Huila de realizar los estudios socioeconómicos que ordena la Ley 56 de 1981; la investigación abierta por la Resolución 227 del 11 de febrero por presunta iniciación de obras sin licencia por parte de Emgesa y los reclamos de subir el valor de la biomasa planteada por la CAM quedaron sepultados con la orden autoritaria de Uribe" (Miller Dussán, vocero de las organizaciones en defensa del territorio huilense)
En este marco de protestas y voces en contra de la licencia ambiental para Emgesa, es clara la manera como la política estatal de "confianza inversionista", privilegia la soberanía de las multinacionales entregando territorios importantes para el país y justifica el pago de un nuevo impuesto para cubrir los 148.000 millones de pesos que cuesta la base energética, que deberán respaldar los colombianos.
Varias propuestas para frenar esta decisión han surgido de los sectores populares del Huila y la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, en varios de sus comunicados "convoca a todos los huilenses a la desobediencia civil, la movilización social permanente y a respaldar las acciones de nulidad de la resolución 899 de licenciamiento ambiental para impedir la entrega del territorio (...) y ratifica un Encuentro Nacional, con invitados internacionales, previsto para el 5 y 6 de Noviembre en Neiva donde se dará inicio al Movimiento Nacional contra represas, por una política de soberanía energética sustentable". (Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, http://plataformasur.blogia.com
