Hablar de desplazamiento interno en nuestro país es un tema que genera opiniones encontradas. Por un lado, en repetidas ocasiones, el ex-asesor presidencial José Obdulio Gaviria ha dicho públicamente que "no hay desplazados sino migrantes" siendo esta tesis el argumento base de un gobierno que niega de manera rotunda la existencia de un conflicto interno; y por otro lado, la preocupación de todos los sectores que reconocen esta problemática social, ya que las cifras de millones de personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares crecen año tras año.
La Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), informó que aumentaron un 24% los desplazamientos en nuestro país entre el 2007 y el 2008, es decir, que el año pasado 380.000 personas más tuvieron que abandonar sus hogares y junto con esto 500.000 personas han huido a países vecinos. Pero estas alarmantes cifras esconden una verdadera tragedia humana que, al parecer, poco o nada interesa al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues aquella postura de negar el conflicto y con ello a los desplazados, se convierte en un obstáculo para poder diagnosticar y dar la atención que verdaderamente requieren las víctimas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), define a los desplazados internos como "individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus hogares para escapar del conflicto armado, la violencia generalizada, los abusos de los derechos humanos o los desastres naturales o provocados por el ser humano"(1)
La anterior definición nos lleva a identificar las principales fuerzas, legales o ilegales, que causan desplazamiento en nuestro país. Y dentro de este grupo se encuentran:
Pero detrás de estas agrupaciones que a diario amenazan a la población civil, se esconden grandes intereses económicos y políticos, pues los territorios de los cuales salen indígenas, afrodescendientes y campesinos, poseen inmensas riquezas naturales para el desarrollo de mega proyectos hídricos, mineros, petrolíferos entre otros, o son zonas estratégicas para el enfrentamiento con otros grupos.
Una víctima de desplazamiento forzado declaró a Amnistía Internacional lo siguiente:
"Me tocó salir de la vereda. La violencia me ha azotado. Hay presencia de PM [paramilitares] y ejército y de la guerrilla. Me mandaron papelito diciendo que me iban a matar. El papelito me llegó una noche. Lo encontré en el pie de la casa; es una cartica escrita a mano [...] Una noche llegó un tipo con un arma a mi casa. Nos dio susto. Eran las 8 de la noche. No era para bueno. Estaba rodeando la casa con arma, nadie de la familia lo ha visto, pero un vecino sí lo vio. Me dijeron, mejor que se vaya. Yo salí con la familia, mi hija mayor y su niño incluida. Somos siete en total" (F. B. L. R., campesino del municipio de Curillo, departamento del Caquetá, octubre de 2008)
Existen cifras que estiman que los grupos paramilitares y quienes los respaldan, basándose en la apropiación indebida de tierras mediante la violencia o la amenaza, "se han robado entre cuatro y seis millones de hectáreas de tierras propiedad de campesinos, o que eran propiedad colectiva de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes"(3), haciendo así más grande su poder económico.
Pero más allá de este enriquecimiento a costa del dolor de miles de grupos humanos, es preocupante la situación que viven luego de ser expulsados de sus territorios, pues en especial las comunidades indígenas sienten la tierra como un elemento indispensable, que hace parte de su cultura y su ser. En diversas ocasiones hemos escuchado que "un indígena sin tierra es como un pez sin agua", pues más allá de la productividad de sus tierras, el valor espiritual y la conexión interior con éstas hace más delicado el tema de la reparación y su condición de desplazados.
En vista de la situación de vulnerabilidad que sufren todas las comunidades víctimas del desplazamiento en nuestro país, la Corte Constitucional decidió exigir a las instituciones encargadas de prestar atención integral a estas personas, la reformulación de las políticas públicas y su efectivo cumplimiento y -en este marco- se aprobaron ciertas leyes donde este fenómeno social ha sido la principal preocupación. Entre las más destacadas se encuentra la sentencia T- 025 que tiene como propósito un seguimiento estricto de las autoridades que ayudan a la población desplazada con el fin de poder velar por una vida digna para estos sectores. Sin embargo, invisibles para el gobierno siguen sin una vida digna, sin el derecho de igualdad, sin salud, sin educación, sin protección por parte del estado y en muchas ocasiones, con sus voces acalladas.
Para resumir, el aumento de la población desplazada en estos últimos años nos muestra que las políticas gubernamentales no están siendo efectivas, contundentes ni duraderas a la hora de enfrentar este fenómeno, pues aun no se ha dado una solución profunda que contemple a los desplazados -personas víctimas de un delito de lesa humanidad- como poseedores del derecho a ser compensados con justicia y reparación, donde la corrupción no siga violando los decretos que dictan en beneficio de estos grupos y donde el fin de esta tragedia humana llegue a "tres estados posibles: 1 Retorno al sitio de origen, 2 Integración local en las áreas en las cuales las personas tuvieron refugio y 3 Asentamiento en otra parte del país"(4). Y del mismo modo, como lo expresa José Ángel Bohórquez, secretario técnico nacional de la Organización Nacional de Población desplazada, Desarraigada e Independiente se debe corregir el pensamiento de los funcionarios que "...no ven al desplazado como sujeto de derechos sino como objeto de atención marginal o humanitaria, y por eso toman decisiones que desconocen o niegan la existencia de un marco de cosas inconstitucional".
La Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), informó que aumentaron un 24% los desplazamientos en nuestro país entre el 2007 y el 2008, es decir, que el año pasado 380.000 personas más tuvieron que abandonar sus hogares y junto con esto 500.000 personas han huido a países vecinos. Pero estas alarmantes cifras esconden una verdadera tragedia humana que, al parecer, poco o nada interesa al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues aquella postura de negar el conflicto y con ello a los desplazados, se convierte en un obstáculo para poder diagnosticar y dar la atención que verdaderamente requieren las víctimas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), define a los desplazados internos como "individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus hogares para escapar del conflicto armado, la violencia generalizada, los abusos de los derechos humanos o los desastres naturales o provocados por el ser humano"(1)
La anterior definición nos lleva a identificar las principales fuerzas, legales o ilegales, que causan desplazamiento en nuestro país. Y dentro de este grupo se encuentran:
- Las fuerzas armadas, señaladas de graves violaciones a los derechos humanos hace más de 40 años y, actualmente, de un gran número de ejecuciones extrajudiciales; la Procuraduría General de la Nación hizo público un informe en el que muestra que se ha abierto investigación contra 1603 militares por 804 casos de "falsos positivos", pertenecientes a 5 unidades militares ubicadas en Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila(2).
- Los grupos guerrilleros, quienes nacen en las zonas rurales desde 1950 y en la actualidad tienen en su poder un número indeterminado de secuestrados y acusaciones sobre amenazas a la población civil como en los departamentos de Cauca y de Nariño, donde ejercen fuerte presión sobre la población indígena.
- Los grupos paramilitares, creados en principio por miembros del ejército colombiano, otros con apoyo de élites regionales y locales, del narcotráfico o como derivación de círculos de seguridad privada, y que a pesar de participar en el programa de desmovilización promovido por el gobierno nacional en el 2003, siguen actuando "en conveniencia con las fuerzas de seguridad o con su consentimiento" como lo sostiene Amnistía Internacional en su más reciente informe sobre Colombia, "Todo queda atrás".
Pero detrás de estas agrupaciones que a diario amenazan a la población civil, se esconden grandes intereses económicos y políticos, pues los territorios de los cuales salen indígenas, afrodescendientes y campesinos, poseen inmensas riquezas naturales para el desarrollo de mega proyectos hídricos, mineros, petrolíferos entre otros, o son zonas estratégicas para el enfrentamiento con otros grupos.
Una víctima de desplazamiento forzado declaró a Amnistía Internacional lo siguiente:
"Me tocó salir de la vereda. La violencia me ha azotado. Hay presencia de PM [paramilitares] y ejército y de la guerrilla. Me mandaron papelito diciendo que me iban a matar. El papelito me llegó una noche. Lo encontré en el pie de la casa; es una cartica escrita a mano [...] Una noche llegó un tipo con un arma a mi casa. Nos dio susto. Eran las 8 de la noche. No era para bueno. Estaba rodeando la casa con arma, nadie de la familia lo ha visto, pero un vecino sí lo vio. Me dijeron, mejor que se vaya. Yo salí con la familia, mi hija mayor y su niño incluida. Somos siete en total" (F. B. L. R., campesino del municipio de Curillo, departamento del Caquetá, octubre de 2008)
Existen cifras que estiman que los grupos paramilitares y quienes los respaldan, basándose en la apropiación indebida de tierras mediante la violencia o la amenaza, "se han robado entre cuatro y seis millones de hectáreas de tierras propiedad de campesinos, o que eran propiedad colectiva de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes"(3), haciendo así más grande su poder económico.
Pero más allá de este enriquecimiento a costa del dolor de miles de grupos humanos, es preocupante la situación que viven luego de ser expulsados de sus territorios, pues en especial las comunidades indígenas sienten la tierra como un elemento indispensable, que hace parte de su cultura y su ser. En diversas ocasiones hemos escuchado que "un indígena sin tierra es como un pez sin agua", pues más allá de la productividad de sus tierras, el valor espiritual y la conexión interior con éstas hace más delicado el tema de la reparación y su condición de desplazados.
En vista de la situación de vulnerabilidad que sufren todas las comunidades víctimas del desplazamiento en nuestro país, la Corte Constitucional decidió exigir a las instituciones encargadas de prestar atención integral a estas personas, la reformulación de las políticas públicas y su efectivo cumplimiento y -en este marco- se aprobaron ciertas leyes donde este fenómeno social ha sido la principal preocupación. Entre las más destacadas se encuentra la sentencia T- 025 que tiene como propósito un seguimiento estricto de las autoridades que ayudan a la población desplazada con el fin de poder velar por una vida digna para estos sectores. Sin embargo, invisibles para el gobierno siguen sin una vida digna, sin el derecho de igualdad, sin salud, sin educación, sin protección por parte del estado y en muchas ocasiones, con sus voces acalladas.
Para resumir, el aumento de la población desplazada en estos últimos años nos muestra que las políticas gubernamentales no están siendo efectivas, contundentes ni duraderas a la hora de enfrentar este fenómeno, pues aun no se ha dado una solución profunda que contemple a los desplazados -personas víctimas de un delito de lesa humanidad- como poseedores del derecho a ser compensados con justicia y reparación, donde la corrupción no siga violando los decretos que dictan en beneficio de estos grupos y donde el fin de esta tragedia humana llegue a "tres estados posibles: 1 Retorno al sitio de origen, 2 Integración local en las áreas en las cuales las personas tuvieron refugio y 3 Asentamiento en otra parte del país"(4). Y del mismo modo, como lo expresa José Ángel Bohórquez, secretario técnico nacional de la Organización Nacional de Población desplazada, Desarraigada e Independiente se debe corregir el pensamiento de los funcionarios que "...no ven al desplazado como sujeto de derechos sino como objeto de atención marginal o humanitaria, y por eso toman decisiones que desconocen o niegan la existencia de un marco de cosas inconstitucional".
