El martes 20 de octubre al rededor de tres mil estudiantes provenientes de diversas instituciones de educación superior de Bogotá y otras regiones del país, en medio de la lluvia, llegaron hasta la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional en el momento en que la Cámara de Representantes daba el aval para la aprobación del presupuesto nacional del año 2010.
Este escenario fue fruto de un trabajo que se venia realizando días atrás, como lo informa la página de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios -ACEU- al manifestar que "luego de múltiples valoraciones sobre la aguda crisis de la universidad pública colombiana, los universitarios asumimos con coherencia y dignidad, la preparación de un escenario de levantamiento que se configuró en cuatro días de movilizaciones en 18 universidades públicas y en más de 8 universidades privadas del país. Del 13 al 16 de Octubre, desde la Costa norte colombiana hasta el sur del país, las asambleas, marchas, pupitrazos, cadenas humanas, carnavales por la vida y diversas formas de resistencia agitaron las banderas del movimiento estudiantil y universitario." (Articulo "Por la defensa de la Universidad Publica: ¡Adelante!", 25 de octubre).
En la ciudad de Medellín, también se llevaron a cabo estas marchas por la situación actual de las universidades públicas, pero las manifestaciones fueron reprimidas antes de que los protestantes pudieran salir del campus, pues la policía los esperaba con gases y bombas de estruendo, según las noticias que salieron el 21 de octubre del 2009, en el diario virtual de El Tiempo. De esta manera los enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía y centenares de estudiantes de las universidades de Antioquia y Nacional se desarrollaron en los principales campos de estas dos instituciones.
Uno de los comunicados de la página web articuloz.com, en donde se hace un llamado a la opinión pública sobre el papel de los estudiantes y la importancia de no creer todo lo emitido en la televisión nacional sobre los disturbios presentados en varios puntos del país durante las protestas, recalcan que muchas de las marchas en Bogotá han sido "al estilo carnaval, 15.000 alumnos bailaban o iban disfrazados, hemos rodeado la universidad nacional con velas (...) se han hecho pinturas por todo el campus en señal de protesta".
(Fotos: http://picasaweb.google.com/informartes/PropuestasCreativas)
Pero ¿por qué han protestado los estudiantes? Básicamente las consignas se dirigían a un aumento en el presupuesto para las universidades públicas y al repudio contra un gobierno que representa intereses extranjeros y ha olvidado el bienestar de su pueblo.
Desde 1993 las universidades reciben los mismos ingresos, debido a la ley 30 de 1992 que estipula que los aportes de la nación deberían crecer anualmente usando el índice de precios al consumidor -IPC- como medida; mientras que los gastos en este lapso de tiempo se han multiplicado porque ha crecido la cobertura -pasó del 30 por ciento al 55 por ciento en estos años-; la calidad de los profesores -sólo la Nacional está formando 900 profesores en doctorados-; y en producción de conocimiento -se pasó de 490 a 1.332 grupos de investigación-. Todos estos nuevos gastos hacen parte del rubro de funcionamiento, que es donde está el problema.
Según la opinión del profesor Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, "La interpretación de los gobiernos desde la expedición de la Ley ha sido que el incremento se hace "sólo" con el IPC sin ninguna preocupación por el mantenimiento del valor real de la oferta educativa... A primera vista pareciera que el IPC y el valor real son la misma cosa, pero no es así. Desde 1993 se han venido dictando leyes y decretos diversos que modifican el costo de la Universidad muy por encima del IPC." Y nunca se ha dicho de dónde se van a financiar estos gastos, sino que les toca a las mismas instituciones extender su presupuesto para poder pagarlos.
Derivados de varias medidas jurídicas, entre los gastos reales no contemplados por el aumento presupuestal se encuentran por ejemplo:
-Decreto 1279, que estableció que los salarios de los profesores deben calcularse de acuerdo con sus estudios, publicaciones, investigaciones y méritos académicos.
-En 1996, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-006 que estableció que todos los profesores tienen derecho a sus prestaciones sociales sin distinción de que estén vinculados a las universidades, como ocasionales o trabajando por horas.
-Sentencia C-401 de 1998, que las universidades les pagaran todas sus garantías laborales como a un empleado cualquiera.
-Decreto 404 de 2006, que estipula que si un empleado se retira de su trabajo en las universidades sin haber cumplido un año de labor, se le debe reconocer en dinero y proporcionalmente al tiempo trabajado las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación de recreación.
-Ley
es 403 de 1997 y la 815 de 2003, donde se decretó que se debe hacer un descuento del 10% en las matrículas para los votantes. Dinero que nunca el gobierno reembolsó.
La posición de la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, ha sido que todos estos nuevos gastos deben ser cubiertos no sólo por el gobierno, sino por las propias universidades tanto con las matrículas como con contratos con entidades públicas y privadas y la explotación de algunos activos.
Los rectores no comparten su opinión, primero, porque sus alumnos suelen ser de estrato 3 para abajo, lo que hace imposible un alza de matrículas, y segundo, porque los dineros de las consultorías que realizan tienen destinación específica y no se pueden gastar en funcionamiento. "Mientras tanto, el gobierno incrementa el presupuesto con base en el IPC anual, cuando los costos se crecen por encima de este porcentaje, según consta en la revisión que hicieron los financieros" (Universidades siguen sin plata para cubrir sus gastos por Juan Esteban Mejía, Semana.com).
Aunque la noticia fue que el Congreso les había aprobado a las universidades públicas 160.000 millones para el año entrante, en realidad se aprobaron 70.000 millones para el Icetex, 30.000 para Colciencias, y para las universidades otros 60.000 millones. Sólo que éstos se deben invertir en ampliación de cobertura, y se deben redistribuir mejor, pues hasta ahora las universidades más grandes, como la Nacional, la de Antioquia y la del Valle, se llevan más del 60 por ciento de los recursos.
La ministra Vélez considera que el gobierno financia un sistema de educación pública y no sólo las universidades. En la práctica, éstas
deben competir con las privadas por los recursos de Colciencias y del Icetex bajo un modelo que muchos consideran neoliberal y que, de todos modos, no resuelve el problema de su funcionamiento.
En los volantes distribuidos durante las manifestaciones se decía que esa situación llevará a "un desequilibrio financiero" que "puede concluir con la quiebra de las universidades o una reestructuración que conlleve a un aumento de matrículas en más del 300 por ciento"
En las declaraciones que hizo Rafael Pardo, candidato del liberalismo a la Presidencia, durante una rueda de prensa en la sede del Partido Liberal, se refirió a la aprobación del presupuesto nacional por el Congreso, de la siguiente manera: "El Gobierno, en la aprobación del presupuesto, engañó a las universidades públicas y engañó al Congreso, porque el Congreso creía estar aprobando otra partida presupuestal para resolver el tema financiero de las universidades públicas". Así mismo el ex ministro de Defensa aseguró que "solamente menos de la mitad de lo aprobado va a ese propósito" y que, en cambio, "las otras partidas son para Colciencias y para otros propósitos que no resuelven el tema de la parte financiera de la universidad pública".
Según la Contraloría hoy se destina menos plata que hace ocho años para educación universitaria. Para el 2000, el presupuesto designado a las universidades públicas fue de 1.73 billones de pesos, para este año fue de 1.6 billones. Para el siguiente año el aporte a la educación superior pública será de 1.9 billones de pesos, cifra que según la Contraloría "alivia en alguna medida, hay que reconocerlo, la difícil situación financiera que ellas (las universidades) están experimentando actualmente (...) sin embargo no alcanza a retribuir la evolución que ha tenido en los últimos diez años las universidades públicas". Julio César Turbay, contralor general, fue claro y aseguró que "mientras las exigencias al sector educativo no se compensen con los recursos que el gobierno destina para ellos, el problema no se resolverá".
Otro punto problemático recae en que las carreras en las universidades públicas tienen que responder a las necesidades del mercado. Es decir, lo que no tenga utilidad inmediata se suprime, como lo que quieren hacer con la facultad de Bellas Artes en Cali. Según "LA VISIÓN COLOMBIA 2019 elaborada por el gobierno nacional, se concibe la economía del país cimentada en la producción, difusión y uso del conocimiento como base de la productiv
idad y la competitividad internacional, lo que impone retos adicionales al sistema educativo, que debe formar egresados en la cantidad y con la calidad suficiente para responder a las necesidades de una economía en crecimiento" (http://www.escuelagobierno.org/v1/index.php?ap=0&id=834).
De esta manera la educación pertinente es aquella capaz de responder a los retos profesionales, técnicos y tecnológicos, como están planteados en la VISIÓN 2019. Por lo antes dicho, la "triada" universidad-empresa-estado, deberá ser vista como una suma sinérgica y no como islas y así lograr que las universidades tengan como meta, las preguntas: ¿Qué ofrecen las universidades de aquello que los empresarios requieren? ¿Qué requieren las universidades de aquello que los empresarios puedan apoyar? ¿Cómo concertar el papel del estado en la investigación y la innovación? (http://www.uis.edu.co/portal/doc_interes/documentos/VISION2019_EDUCACION.pdf)
En conclusión cabria anotar que los problemas actuales que enfrenta la educación superior están cien por ciento ligados a los problemas de la nación y a las decisiones y metas que el gobierno se ha trazado, imponiendo los intereses de inserción a la globalización y sumiendo el bienestar de los colombianos al abandono. Es así como nos preguntamos ¿la educación no es un derecho de todos? ¿Solo quienes tienen altos ingresos económicos son quienes pueden acceder a la educación? ¿Las nuevas generaciones no podrán escoger entre un amplio número de programas, sino entre los que el gobierno cree que el país necesita para responder a las imposiciones del mercado? ¿Los colombianos estaremos en el camino de prepararnos como la mano de obra barata en este modelo económico?
