Hostigamiento y estigmatización a la población afrocolombiana

VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2009

La reciente  amenaza que nos hacen las "Águilas Negras - Nueva Generación" en el Norte del Cauca, se suma a la vigilancia a la que viene siendo sometida, desde hace varias semanas, nuestra oficina en Buenaventura por parte de sujetos indeterminados, y a las amenazas que en su momento las "Autodefensas Gaitanistas de Colombia", en un comunicado público del 23 de octubre del 2008 hicieron a organizaciones sociales y de derechos humanos del departamento de Nariño. Ese mensaje electrónico también fue dirigido de manera expresa al correo de una militante del PCN y a otros dos correos de nuestra organización, uno de los cuales estaba siendo utilizado por nosotros/as para preparar la Asamblea de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur.

Norte del Cauca: amenazas de muerte y proyectos mineros

Mediante un comunicado de fecha 22 de octubre del 2009 firmado por el grupo paramilitar "Águilas Negras - Nueva Generación", nuestra  organización, dos de sus líderes más importantes en la zona del Norte del Cauca y el Consejo Comunitario de La Toma, hemos sido declarados objetivo militar, al igual que otras importantes organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos del Valle del Cauca. 
Estas amenazas surgen en un contexto de conflicto por las nociones de desarrollo y los planes gubernamentales de dar licencias mineras y de explotación de recursos naturales a compañías multinacionales en estas regiones del Pacífico Sur.

Las comunidades negras e indígenas no nos oponemos al desarrollo y entendemos el interés de muchos por que las empresas se instalen en nuestro territorio pero exigimos el respeto  de la Constitución, las leyes y los tratados  internacionales que reconocen el derecho al desarrollo en el marco de nuestras propias aspiraciones culturales. Desconociendo estos derechos, históricamente, a nombre del desarrollo, hemos sido víctimas, soportando los enormes impactos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de los llamados "proyectos de desarrollo".

La construcción y operación de la represa de La Salvajina es un claro ejemplo de lo que decimos: Salvajina acabó con la economía  de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenos Aires, Suárez y Morales, inundó las mejores tierras agrícolas, las mejores minas, los cementerios y escuelas, acabó con la pesca, deterioró la vida social y cultural de nuestros pueblos. Con el fin de mitigar los impactos de la represa, después de 23 años de haber firmado los acuerdos de 1986, como resultado de una movilización social, estos acuerdos no han sido cumplidos ni en un 10% por el gobierno nacional, entre ellos el compromiso de reubicar a las familias mineras damnificadas.

Y si "La Salvaje Salvajina" no es suficiente -además de haber incumplido-, el gobierno ahora responde entregando a empresas privadas lo poco que nos queda, especialmente el agua y el oro, vulnerado nuestros derechos. Aún recordamos lo que pasó con la Compañía ASNAZÚ GOLDEN que entre 1923 y 1953, arrasó con las mejores fincas de las riberas del río Cauca, desde Asnazú hasta el corregimiento de La Balsa, sin que las instituciones estatales defendieran los intereses de las comunidades negras allí asentadas ancestralmente; por el contrario, los líderes y propietarios de tierras que se oponían con decisión a este atropello fueron encarcelados  con sus familias, para facilitar la explotación minera. Esa empresa les depositaba una suma irrisoria de dinero en el Juzgado municipal de lo que ellos consideraban valían sus fincas.

A raíz de la militarización de la Cordillera Occidental, particularmente los municipios de Morales, Suárez y Buenos Aires, han ocurrido y se ha denunciado la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pues los militares se toman las escuelas y las casas de las familias para acampar y organizar sus operaciones militares, involucrando a la población civil en el conflicto.

Llamamos la atención ante esta situación, puesto que nos preocupa que:

1.        El Gobierno nacional, con el pretexto gubernamental de combatir a los grupos armados ilegales, ha hecho que nuestros territorios en los municipios de Suárez, Buenos Aires y Morales se hayan ido llenado de  batallones y bases militares, que se establecen exactamente en los mismos lugares donde las empresas tienen sus mayores intereses.

2.        El gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Minas, INGEOMINAS, han venido entregando y tramitando  títulos  de concesión minera a empresas nacionales y trasnacionales para la exploración y explotación de nuestros recursos -en particular oro- sin respetar nuestro derecho fundamental a la Consulta Previa y al Consentimiento Previo Libre e Informado.

3.        Se repitan masacres y homicidios como en el período 2001-2005, por la creciente presencia paramilitar en la zona del nordeste del Cauca, que fue certificada por la Fiscalía General de la Nación, por la poca respuesta del gobierno para desarticular estos grupos, aduciendo que son .

4.        Cuando la gobernación del departamento del Cauca ordenó el cierre del puente del Corregimiento de La Balsa (municipio de Buenos Aires), un grupo desconocido amenazó al Presidente y al Fiscal de la Junta de Acción Comunal del centro urbano de La Balsa, viéndose obligados a abandonar la comunidad.

5.        Cuando hemos tratado de participar ha sido casi imposible, por ejemplo, en el Consejo Comunal del 14 de marzo del 2009, liderado por el Presidente de la República,  a nuestros voceros no les dio la palabra y fueron registrados y tratados como delincuentes por funcionarios del gobierno.

6.        Las presiones por parte de la Gobernación han sido explícitas, un ejemplo de ellos, es que ante el daño del puente de La Basa afirmó que habían los recursos para arreglarlo sólo si las comunidades permitían desviar el río Ovejas al Embalse La Salvajina.