Si tenemos presente el tratado internacional de Río que firmó el Gobierno Nacional en 1992, es fundamental evaluar las consecuencias de la construcción y del funcionamiento de la Marina Internacional de Santa Marta, como lo exige el Comité de Veeduría Ciudadana, al presentar una carta al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el 25 de febrero del 2005, argumentando que "es de carácter necesario y urgente ordenar a INVEMAR que efectué un análisis ambiental y se pronuncien sobre la conveniencia o inconveniencia de la construcción de la marina". Por lo tanto, los permisos no debieron ser otorgados hasta que "se hayan evaluado todos los impactos de esta obra, los cuales deben ser entendidos en su totalidad, para así crear planes de sostenimiento y/o mitigación que permitan mantener el ecosistema de la bahía de Santa Marta" (junio 15, 2009- Auburn Alabama, EEUU- Bray J. Beltran M.S.).En esta misma carta dirigida al ex ministro Juan Lozano a comienzos del presente año, se incorpora un motivo más para rechazar el proyecto, argumentando que el Comité de Veeduría Ciudadana, amparado bajo el artículo 121 del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito está de acuerdo con la construcción de la marina en un lugar diferente, pues el POT determinó que "la autorización para la ubicación de marinas como servicio especializado sólo se permitirá en áreas costeras que no tengan un marcado uso de playas, como el sector entre playa Blanca, Burucuca, Lagos de Dulcino, Lagomar, Pozos Colorados y sobre la desembocadura del rio Gaira..."
Como la bahía de Santa Marta es claramente pública, entre las miles de demandas por la ubicación de la obra y las acciones populares que han sido diligenciadas para defender un territorio común, ejemplificaremos la tramitada el 17 de abril del 2008 por Armando Fonseca, Carmen Ruso y Rafael Cortés, todos ellos, habitantes del sector Centro y preocupados por las consecuencias de la marina. En su querella, expresan ante la Juez 5ta. Administrativa de Santa Marta que "El impacto es tenebroso, porque los yates procedentes de muchos lugares del mundo harán un llamado a la prostitución, las drogas, sin olvidar el aceite y demás residuos que se convertirán en un gran obstáculo para los bañistas y una preocupación constante de los padres de la zona".
Del mismo modo, Gabriel López López, habitante del sector y gestor de otra acción popular diligenciada el 7 de septiembre del 2009, manifiesta otra inconformidad con la marina al pedir que "se ordene la suspensión inmediata de la construcción del espolón de la calle 23 bahía de Santa Marta, que viene ejecutando DIMAR, Alcaldía Distrital y la gerencia de Marinas Turísticas S.A. a cargo del señor Carlos Augusto Socarras Zúñiga, esta obra se viene ejecutando en horas de la noche desconociendo la acción popular antes citada que cursa en el despacho de la Juez 5ta. Administrativa".
Las inconformidades de la ciudadanía con la marina tratan también tres temas que son ejes para entender las inconsistencias que se han presentado durante el proceso de aprobación de la obra y su ejecución, como:Los concejales del grupo G10 no autorizaron la construcción de la obra en la bahía de Santa Marta (comunicado de prensa, 23 de julio de 2008, firman ediles de la comuna 2, dirigentes comunales del centro histórico y comisión de veeduría)
Inversiones Marina Turísticas S.A. no cumplió con lo estipulado en el artículo 171 de la ley 2324 de 1984 donde se determina que se debe publicar un edicto por 30 días en un diario local con la situación y linderos del terreno en cuestión, los nombres y apellidos de los peticionarios y la constancia de las fechas de fijación y retiro del edicto; impidiendo de esta manera, el derecho constitucional que tiene la ciudadanía de conocer el proyecto y presentar oposición.
La Dirección General Marítima el 5 de octubre del 2007 con la resolución 0338 pactó la concesión a 10 años y en la última resolución No. 002 emitida por esta misma entidad el 2 de enero del 2008 se extendió el plazo a 10 años más, omitiendo las falencias e irregularidades como la solicitud exagerada del área de 213.000 m2, que tiene una distancia aproximada de 135mt, en zona de playa y 330 mt hacia aguas marítimas, lo que da un área de 44.550m2, quedando un área privada con un excedente de 158.450m2.
¿Porqué y para qué?
Pero quizá la crítica que ha causado más controversia entre la población y se ha manifestado constantemente, es la idea que tienen los samarios de que el proyecto "Marina Internacional Bahía de Santa Marta" le pertenece "a cuatro familias que sólo les interesa llenar sus arcas de dinero y poco les importa el ambiente sano de la ciudad y el espacio público de la bahía " (febrero 25 del 2009, carta al Ministro de MAVDT dirigida por Gabriel López, Secretario de la Veeduría Púbica Ambiental). ¿Cuáles son las familias implicadas? ¿Qué hechos sustentan esta directa y comprometedora afirmación?
La respuesta a los anteriores interrogantes sólo exige echar un vistazo a los certificados de existencia y representación legal de las firmas Inversiones Marina Turística S.A. y TERLICA S.A., que se encuentran en la Cámara de Comercio de la ciudad, y además no perder de vista que los socios del proyecto son el grupo empresarial Daabon, que como su nombre lo indica, pertenece a las prósperas familias samarias Dávila y Abondano. Con esta información procedemos a examinar los documentos de existencia de Terminal de Gráneles Líquidos del Caribe TERLICA e Inversiones Marina Turística S.A., en los que encontramos que los integrantes y suplentes de la Junta Directiva de esta última son: Dávila Abondano Manuel Julián, Suárez Ramírez Mauricio, Arenas Consuegra Raúl, Dávila Abondano Juan Carlos, Gallo Zawady Doménico José y Maestre Vásquez Raúl Alejandro.
Mientras que los integrantes y suplentes de la Junta Directiva de TERLICA son: Dávila Abondano Alberto Francisco, Dávila Solano Manuel Alberto y Dávila Abondano Alfonzo. ¿Estos apellidos serán pura coincidencia? ¿Es o no, un negocio de dos familias prestantes de la ciudad? ¿Las quejas y inconformidades que tiene la población samaria sobre el proyecto tienen sentido?
La firma TERLICA fue mundialmente conocida cuando el 23 abril del 2008 se produjo sobre la Bahía de Santa Marta el vertimiento de más de 10 toneladas de aceite de palma, derrame que se extendió hasta la Bahía de Taganga -sector de Playa Grande- creando una emergencia de graves proporciones. El derrame impactó el paisaje, los arrecifes coralinos y los ecosistemas marinos en general, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de la población de Taganga, un poblado de pescadores artesanales, que subsiste de la pesca artesanal y del turismo. El responsable de este derrame fue la Sociedad Anónima Terminal de Gráneles Líquidos del Caribe - TERLICA S.A. - que dejó mal cerrada una válvula, provocando el vertimiento de dicho aceite y dejando una capa espesa color amarillo sobre las aguas marinas, imposibilitando la interacción solar de los ecosistemas, lo que involucra un desequilibrio de la vida en el fondo marino, además de contaminar las blancas playas, atractivo para los turistas que visitan Taganga.
Pero no sólo en estas empresas salta el nombre de los Dávila. ¿Serán los mismos Dávila a los que se refiere la noticia de la Revista Semana del 23 de septiembre de 2009 cuando, al denunciar la entrega de miles de millones del Programa Agroingresoseguro -Ministerio de Agricultura-, señala que: "Todo indica que la familia Dávila es una de las grandes beneficiadas del drenaje y la irrigación de los recursos públicos, pues el padre Juan Manuel Dávila Jimeno recibió un subsidio de 445 millones, y su esposa María Clara Fernández otro por 440 millones? En total, la familia Dávila, una de las más ricas e influyentes de Santa Marta, recibió en el último año más de 2.200 millones de pesos en subsidios para "riego y drenaje" en Algarrobo, Magdalena. "Lo de los Dávila es una vergüenza -dice un consultor que conoce el programa-. ¿Cómo le regalan plata de todos los colombianos a una de las familias más poderosas de Magdalena? Es inaudito".
Mientras los samarios y samarias se esfuerzan por seguir las rutas jurídicas para frenar el adefesio y los estudiantes salen a la playa a colocar sus pancartas de denuncia, los juzgados caminan a paso de tortuga y la construcción avanza vertiginosamente. Sólo hay que caminar por la "bahía más hermosa de América" para observar, en el costado sur, la gran malla que impide el paso de los transeúntes y que anuncia con monumental aviso, la Marina Internacional de Santa Marta.
